El puerto de Barranquilla parece tener la ‘Santísima Trinidad’, pero a la inversa: tres personas diferentes y un solo problema verdadero.

Al menos es lo que muestran los resultados del multimillonario contrato de dragado que viene realizando el Consorcio Shanghai - Ingecon 2020, integrado por CCCC Shanghai Dredging Co., Ltd, e Ingecon S.A., que no ha podido lograr las profundidades previstas de 12,19 metros para poder establecer un calado operacional de 10,20 metros.

Por el contrario, las expectativas del gremio portuario así como de las autoridades locales cada vez son más preocupantes porque, antes de mejorar las condiciones lo que se viene registrando es una sustancial reducción en el calado autorizado, debido a los negativos resultados del contratista.

Tal como de manera reiterada ha publicado Zona Cero, lo increíble de este caso es la extraña ‘vuelta’ que tiene esta contratación.

En efecto, se trata de un contrato interadministrativo suscrito entre Cormagdalena y Findeter para que esta última preste  “los servicios de asistencia técnica y administración de recursos a la Corporación para el mantenimiento del canal navegable del río Magdalena en los sectores del canal de acceso del puerto de Barranquilla y en el sector comprendido entre Barrancabermeja y Pinillos, para el 2020”, por valor de $38.999 millones, de los cuales 36.633 millones 228 mil 428 pesos corresponden a costos directos, impuestos, tasas y contribuciones para la ejecución del proyecto.

A su vez, a través del Patrimonio Autónomo de Findeter - Cormagdalena, la representante legal de la Fiduciaria La Previsora, Diana Alejandra Porras Luna, como vocera y administradora del mismo, suscribió el contrato de obra 90907-001-2020 con el Consorcio Shanghai - Ingecon 2020, para la ejecución de las obras, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2020, por valor de 22.873 millones 890 mil 947 pesos.

Adicionalmente, con Ingeniería e Hidrosistemas Grupo de Consultoría S.A. (IEH Grucon S.A.), fue suscrito el contrato por por 939 millones 362 mil 200 pesos, para la interventoría integral del proyecto (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica).

Lo curioso del caso es que el proceso cuenta con la supervisión de Findeter, servicio por el cual se pactó un pago equivalente a 2.365 millones 771 mil 572 pesos, además de la propiamente dicha de Cormagdalena y, desde luego, la que debería ejercer la interventoría.

En la práctica todo indicaría que estas “tres personas” estuviesen alejadas de la realidad portuaria. El contratista de obras por un lado, supervisores e interventores por otro y el calado desmejorando.

Lo que nadie entiende es el contrato de servicios suscrito entre Cormagdalena y Findeter, por un trabajo que directamente podría realizar la propia Corporación, en cumplimiento de su deber Constitucional en torno al río Magdalena.

En ese caso, hay quienes consideran que antes de Findeter hubiese sido preferible, por ejemplo, firmar un convenio interadministrativo con la Dirección General Marítima (Dimar) que tiene la capacidad administrativa, operativa y experiencia para ejercer el adecuado monitoreo e incluso una eficaz y eficiente interventoría para un trabajo de esta naturaleza.

De acuerdo con el más reciente reporte, a fecha 28 de octubre, han sido removidos 1 millón 575 mil 732 metros cúbicos de sedimentos, del millón 864 mil 494 metros cúbicos contratados.

Esto significa, según dicho reporte, la ejecución del 84,51% del dragado contratado, restando por remover 288 mil 762 metros cúbicos.

Sin embargo, la incertidumbre crece porque el calado sigue bajando y se alejan las posibilidades de alcanzar la profundidad de 12,19 metros para que la Autoridad Marítima pueda autorizar un calado operacional de 10,20 metros.

En otros términos, esa meta “sigue en chino”.